Sandra Arroyo Salgado, salió a respaldar la solicitada que distintas personalidades de la política, el derecho y la cultura firmaron para pedir la remoción del juez Daniel Rafecas por desestimar la denuncia que el fiscal Alberto Nisman efectuó cuatro días antes de aparecer sin vida en el baño de su casa.
Entrevistada en TN Central, la jueza federal y exmujer del fiscal analizó que la solicitada presentado en contra de Rafecas “demuestra que es la sociedad la que tiene que ponerse a la cabeza de la Justicia”. “Es un deber cívico de no mirar para el costado ante la actuación de la Justicia.”
La funcionaria judicial afirmó que el juez que rechazó empezar a investigar el posible encubrimiento del kirchnerismo a Irán en el atentado a la AMIA, tal como lo había denunciado Nisman, “obtuvo reconocimientos” del anterior Gobierno: “El 7 de mayo del 2015 el Consejo de la Magistratura por decisión unánime cerró todos los pedidos políticos que tenían el doctor Rafecas y Oyarbide”.
Por eso, Arroyo Salgado dijo que “el Estado demostró que dejó a la ciudadanía en total desprotección, primero al no brindar respuestas por el atentado a la AMIA, después por la propia muerte de Nisman y por la falta de respuestas que hay sobre las condiciones de su muerte, que ya se sabe violenta”.
La jueza contó que sus hijas “viven con mucho dolor” cada una de las novedades que surgen de la causa. “Desde la desestimación de Rafecas, hasta el rechazo del fiscal De Luca, cada noticia que llegaba era volver a revivir todo porque parecía que todo el trabajo de su papá había sido para nada.”
LA MUERTE DE NISMAN
A la hora de hablar sobre la investigación que busca esclarecer las causas de la muerte de su exmarido, que apareció sin vida con un disparo en la cabeza el domingo 18 de enero de 2015, Arroyo Salgado dijo que “la causa está totalmente empantanada, hoy la Justicia no sabe ni siquiera qué juez lo tiene que investigar”.
Para ella no hay dudas de que se trata de una causa “de delito federal ya que estamos hablando de la muerte violenta de un fiscal al que el Estado le había encomendado la investigación del atentado terrorista más grande de la región, un día antes de ir al Congreso a defender una denuncia al Congreso contra la entonces Presidenta que había radicado cuatro días antes”.
En ese sentido, Arroyo Salgado apuntó de lleno al rol del técnico informático Diego Lagomarsino, dueño del arma de la que salió el disparo que mató al fiscal. “Yo no sé si fue el autor material, no voy a aventurar esa respuesta, pero sí estoy seguro de que miente en toda su declaración.”
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