Argentina y Brasil podrán investigar conjuntamente casos como el de Odebrecht

El memorándum tiene por objetivo "intercambiar experiencias, técnicas de investigación, negociación, y litigio y capacitación técnica entre ambas Instituciones".

Los jefes de los fiscales de Argentina y Brasil firmaron en Buenos Aires un Memorandum de Cooperación Institucional en el que se comprometieron a conformar equipos de investigación binacionales cuando fuere necesario, lo cual se propuso para la caso Odebrecht.

El convenio fue suscrito por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y su par de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, durante un encuentro en el marco de la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM).

El memorándum tiene por objetivo “intercambiar experiencias, técnicas de investigación, negociación, y litigio y capacitación técnica entre ambas Instituciones, así como el intercambio de información, cuando ello sea posible, en el marco de investigaciones y procesos penales”.

En la quinta cláusula del documento al que accedió Télam ambos países se comprometieron a impulsar la creación de equipos de investigación nacionales, algo que Argentina propuso para el caso Odebrecht y que se definiría mañana en una nueva reunión de procuradores, indicaron fuentes del Ministerio Público.

“Ambos Ministerios Públicos promoverán el intercambio de información espontánea o denuncias internacionales, cuando tomasen conocimiento sobre hechos que cabría sean investigados en el otro país”, indicaron en la primera parte de esa cláusula.

El documento de tres páginas contiene 10 cláusulas entre las que hay, por ejemplo, una referida a la “corrupción” y otra al “intercambio de bases de datos”, además de las referidas al intercambio de información.

“Ambas Instituciones intercambiarán, cuando ello sea posible, información en el marco de investigaciones y procesos penales que lleven adelante las Fiscalías respectivas”, sostuvieron Gils Carbó y su par de Brasil en el documento que firmaron.

“Los Ministerios Públicos firmantes acuerdan trabajar en forma coordinada y cooperar de manera amplia y rápida con el objeto de perseguir cualquier manifestación de corrupción que se produzca en sus países, especialmente en el marco de la Convención de Mérida”, suscribieron.

La propuesta de crear un equipo binacional de Fiscales había sido formalizada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, el 11 de abril mediante un documento que envió a Brasil a través de la cancillería Argentina.

Rodríguez le envió la propuesta a los fiscales federales del sureño estado brasileño de Paraná, Deltan Dallagnol, Orlando Martello y Paulo Galvao, que integran el equipo de Investigación del denominado “Lava Jato”.

A través de un escrito de seis páginas traducido al portugués, el titular de la PIA solicitó “la conformación de un equipo bilateral de investigación constituido por funcionarios del Ministerio Público de Brasil y de la República Argentina”.

Rodriguez basó su pedido en “lo establecido en el artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” y en lo “lo acordado en la declaración de Brasilia sobre cooperación Jurídica Internacional firmada el 16 de febrero de 2017 en Brasil”.

El fiscal argentino propuso que el acuerdo brinde “acceso directo a las actuaciones del Estado contraparte con las restricciones que imponga ese Estado”, en relación a las causas que fueren de interés para las investigaciones relacionadas con Odebrecht.

El titular de la PIA también solicitó que “se le de participación en la Argentina antes de celebrarlos o sellar” acuerdos como los de las “delaciones premiadas” siempre que surgiera algún “elemento transnacional que involucre o perjudique” a este país.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas interviene en distintos procesos judiciales en los que se investigan presuntas maniobras ilegales de ex funcionarios públicos en la selección de contratistas privados para la realización de obras públicas.

Se trata de casos en los que se investiga si empresas como Odebrecht, entre otras, pagaron sobornos entre 2006 y 2015, bajo la gestión kirchnerista, para acceder a contratos de obras públicas.