La Cámara de Senadores aprobó y envió a los diputados un proyecto de ley que tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales.
La autoridad nacional de aplicación, junto con las autoridades provinciales competentes, llevarán a cabo el registro de los humedales en un plazo no mayor a tres años.
Uno de los autores de la iniciativa, el porteño Fernando Solanas de Proyecto Sur, dijo que el proyecto nacía en la “necesidad de una protección real a los humedales que ocupan un poco más del veinte por ciento del territorio nacional”.
En ese sentido afirmó que “es sinceramente falso que digan que estos proyecto viene a destruir las aguadas y los mailines”.
Mientras la representante del ARI de Río Negro, Magdalena Odarda, consideró que el proyecto “es una buena noticia”, el representante de GEN, Jaime Linares, habló de la “necesidad de preservar estos humedales”.
En el mismo sentido, el cordobés de UNA, Carlos Caserio, defendió el proyecto pidiendo una “visión más amplia”, para luego afirmar que “los que no quieren que salga esta ley no son los gauchos y los hacheros, sino los grandes terratenientes”.
Por el contrario, el oficialista correntino Pedro Braillard Poccard cuestionó el proyecto argumentando que en su provincia “es política de estado la preservación de los humedales” y rechazó una legislación “que se meta en las autonomías provinciales”.
El peronista salteño Juan Carlos Romero atacó uno de los artículos de la ley que establece la realización de un registro de humedales que obliga a detener las actividades productivas en esas zonas.
En ese sentido, deslizó que la ley de humedales parecía “dictada” por multinacionales de fabricación de pilas y baterías, defendiendo los salares de la puna en donde el litio es una de sus riquezas.
