Como todos los años, la ONG Amnistía Internacional presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que le dedica varios párrafos a lo sucedido durante el 2015 en Argentina.
En el apartado “Impunidad”, la primera información que aparece está relacionada con la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, cuya investigación, a más de un año de ocurrido el hecho, todavía no ha arrojado ninguna conclusión.
“Al terminar el año, continuaba la investigación sobre la muerte en enero de Alberto Nisman, fiscal en el caso del atentado de 1994 en el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la capital, Buenos Aires, en el que perdieron la vida 85 personas”, precisa el documento.
Además, siguiendo con las derivaciones de la trágica explosión de la mutual judía, Amnistía Internacional añade que “en agosto se inició la audiencia pública sobre el encubrimiento de la investigación del atentado de 1994 contra la AMIA. Entre las personas acusadas de encubrimiento se encontraban un ex juez y fiscal y altos cargos gubernamentales, incluido el ex presidente Carlos Menem”.
“La causa principal sobre el atentado estaba estancada desde 2006, momento en el que un juez dictó órdenes de captura y extradición contra ocho ciudadanos iraníes y un ciudadano libanés para someterlos a interrogatorio. Cuatro de esas órdenes seguían en vigor, e Interpol mantenía en estado de alerta roja. Irán rechazaba las peticiones de extradición de los ocho iraníes”, explica Amnistía Internacional.
El informe también incluye la persecución por parte del gobierno kirchnerista del líder qom, Félix Díaz. “A pesar de que la Constitución reconocía los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y a participar en la gestión de sus recursos naturales, esos derechos rara vez se respetaban”.
Y agregan: “Félix Díaz, líder de la comunidad La Primavera (Potae Napocna Navogoh) en la provincia de Formosa, seguía haciendo frente a procedimientos penales en tres causas distintas, abiertas en 2010, por cargos de ocupación ilegal de tierras, resistencia a la autoridad y robo. Él negaba las acusaciones. En junio, la defensa pidió que se anulara la decisión de juzgarlo por presunta apropiación de tierras. Sin embargo, la decisión sobre esta petición seguía pendiente al finalizar el año”.
El documento también menciona el asesinato de la activista trans Daiana Sacayán, que fue encontrada muerta en su departamento de Caballito en octubre del año pasado, la celebración de juicios públicos por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura, las denuncias de torturas en las cárceles y la situación del aborto en la Argentina
