El Gobierno decidió enviar al Congreso Nacional una “ley ómnibus” e incluyó el pago a los jubilados -que le demandará al Estado un plus de 75.000 millones de pesos- porque temía, con razón, que el blanqueo anunciado hoy por el Presidente fuera resistido por la oposición. El Ejecutivo deberá defender desde los próximos días en el Congreso un proyecto por el que esperan repatriar de máxima unos 20.000 millones de dólares. Se trata de una mínima porción, entre el 5 y el 10 por ciento, del inmenso volumen de fondos que los argentinos tienen fuera del sistema formal: algunos expertos hablan de 200 mil millones de dólares y, otros, se arriesgan a estirar esa cifra al doble, 400 mil millones.
La principal demanda, creen en el macrismo, será por un bono a tres años con cero interés. Junto al presupuesto de la ANSES y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de dicho organismo, lo embolsado a través de esta amnistía será exclusivamente para financiar el anuncio de esta mañana.
De todos modos, los contribuyentes “incumplidores” que no adhieran ahora a la amnistía fiscal tendrán desde enero del año próximo una lupa mucho más grande: entrarán en vigencia una serie de intercambios automáticos entre la AFIP y los organismos de múltiples países, como parte de uno de los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Desde la Casa Rosada multiplican los esfuerzos para mostrar que, a pesar de los innumerables detalles y tecnicismos del proyecto anunciado esta mañana por Macri, el Gobierno está embanderado detrás de un “histórico” cambio cultural detrás de ambas reformas. Por eso, además del resarcimiento a los adultos mayores y del blanqueo, el Ejecutivo lanzará un esquema de exenciones impositivas para los contribuyentes cumplidores. “Los boludos“, como los llamó en broma un alto funcionario de Economía este mediodía. El plan contempla laexención del pago de bienes personales para los ejercicios 2016/17/18. El proyecto de ley que entrará el martes al Congreso también “sugiere” a los que integren la comisión de reforma tributaria el reemplazo del impuesto a los bienes personales por un impuesto a la herencia.
UN FUNCIONARIO MACRISTA ADMITIÓ QUE LE PREOCUPA DAR UNA SEÑAL A “LOS BOLUDOS” QUE PAGARON SUS OBLIGACIONES: LOS EXIMIRÁN DE PAGAR UN IMPUESTO
Si bien los actuales funcionarios no estarán excluidos -aunque es difícil creer que alguno de ellos blanqueé que incumplió sus obligaciones fiscales e impositivas-, el proyecto sí contempla que podrán adherirse los ex funcionarios que pasaron por la administración pública desde el 2011 hasta diciembre pasado. En caso de acogerse al nuevo régimen, deberán presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción -como los funcionarios actuales- por los próximos cinco años.
El debate sobre la reforma previsional y tributaria
“Creemos que son discusiones que van a impactar en la vida de la sociedad por las próximas décadas, y por es necesario discutirlas con todos los sectores”, aseguraron en Casa Rosada. De esta manera, el Gobierno intentará que en un plazo máximo de tres años -de acuerdo a lo estipulado en el proyecto de ley que el martes ingresará en la cámara Baja- el país tenga una reforma integral del sistema previsional. Los cambios en el sistema tributario, en caso de la aprobación de la ley y la puesta en vigencia de la comisión, deberían estar listos antes, en un año y medio, según las estimaciones.
Por: Federico Mayol
