Un día de furia terminó mal para una mujer que amenazó de muerte a través de las redes sociales a la hija del presidente Mauricio Macri y la primera dama, Juliana Awada. El juez federal Ariel Lijo procesó hoy a una joven de 27 años y le embargó bienes por 150 mil pesos por los gastos al Estado que ocasionaron los operativos de seguridad.
La procesada, de la que no trascendió su identidad, cursó estudios universitarios de Historia, está desempleada y vive en Quilmes. La imputada había publicado en Twitter, con perfil anónimo, mensajes en los que había amenazado al Presidente y a su familia. En los mensajes, usaba una fotografía de Antonia Macri, la hija menor del Presidente, con una tachadura en su cuello como su fotografía de perfil y un mensaje que decía: “Maten a la chiquita”.
Entre los mensajes intimidatorios se destacaba uno que decía: “Nuestro odio lo calmaremos con sus hijos. Espero que @mauriciomacri le deje guardaespalda de por vida a Antonia”. También escribió: “Si algo hizo mal el kirchnerismo, es no haber matado a toda la burguesía, periodistas y políticos de derecha, en sus 12 años de gestión”. “Pero nosotros tenemos q ir más allá … Es nuestro deber matar a sus descendientes, sino esto no termina más”, decían los mensajes.
La causa empezó el 5 de marzo por el “ciberpatrullaje” de rutina del Área de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, en cuyo marco los efectivos se abocan a la prevención de delitos, contravenciones y faltas realizados en la red de Internet. Se detectó al usuario @lamarikaos, que estaba realizando publicaciones amenazantes contra el jefe de Estado, se consultó al tribunal y comenzaron tareas de inteligencia.
En su perfil de Facebook, la mujer reportaba que desempeñaba tareas “en el Ministerio de Desarrollo de la Nación” aunque actualmente era “desocupada gracias al cambio”. En su indagatoria la mujer reconoció haber realizado las publicaciones, pero las atribuyó a “un exabrupto generado por el enojo producido a raíz de la pérdida de su empleo”.
“Me quedé sin trabajo y dije eso que escribí ahí pero sin intenciones de asesinar a alguien, me parece una locura eso. Fue un exabrupto por el enojo que me generó quedarme sin trabajo (…) En diciembre me quedé sin contrato y no me lo renovaron, pero seguí trabajando hasta los primeros días de marzo porque de palabra supuestamente iba a seguir trabajando. Al final no continuó el contrato y no me pagaron ninguno de esos meses. Los meses de noviembre y diciembre me los pagaron en febrero recién. Y fue toda esa sumatoria de cosas lo que me hizo estallar en poner esa estupidez que puse”, dijo.
El juez evaluó los alcances del derecho constitucional de la libertad de pensamiento y expresión para determinar si los mensajes podrían verse resguardados por ese derecho, concluyendo que, por el contrario, las expresiones de odio manifestadas eran de las prohibidas por el propio derecho constitucional.
Finalmente dispuso el embargo de los bienes o dinero de la procesada hasta cubrir 150.000 pesos. Para ello reparó en que las costas del proceso debían verse integradas también por los gastos en los que había incurrido el Estado Nacional a raíz de las amenazas realizadas. Entre ellos, se contaron los operativos de seguridad dispuestos por el departamento de seguridad presidencial, que tuvo que reforzar todos los aspectos (materiales, humanos, logísticos, etc.) de la seguridad del presidente y su familia, a fin de evitar un posible atentado.
