El fiscal federal Franco Picardi pidió hoy el procesamiento de los dos acusados que realizaron las llamadas de amenazas de bomba a la ex ESMA y solicitó que la Policía Federal determine el costo de cada operativo de evacuación del predio para que formen parte del embargo de los imputados y ante una condena en juicio oral afronten el pago de lo que el estado tuvo que pagar.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal le solicitó al juez Luis Rodríguez el procesamiento de los acusados –uno de ellos empleado de la ex ESMA desde junio pasado– por el delito de intimidación pública, que tiene una pena de dos a seis años de prisión.
Picardi dio por acreditado que uno de los acusados fue el autor de 15 amenazas y el otro de una, todas realizadas este año. Para eso señaló que en los domiciliados de los imputados se encontraron los celulares desde los que se hicieron las llamadas.
Pero el fiscal también le solicitó al juez que la Superintendencia de Administración de la Policía Federal Argentina realice un estudio para determinar cuánto costó cada operativo para evacuar en cada amenaza de bomba a las 1500 personas que trabajan en el predio.
Picardi solicitó que el monto de cada operativo sea parte de los embargos de los acusados para que frente a una condena también paguen los gastos de lo que su accionar le costó al estado.
Desde junio del año pasado, se realizaron 48 amenazas de bomba a la ex ESMA, en cuyo predio estuvo el mayor centro clandestino de detención durante la última dictadura militar y actualmente trabajan 1500 personas en distintos organizados como el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y el Canal Encuentro.
La Policía Federal detuvo el sábado a los dos acusados, quienes se negaron a declarar en indagatoria y el martes fueron excarcelados. En sus domicilios se encontraron celulares, chips, computadoras, discos duros y en uno de ellos marihuana y una balanza de precisión.
