El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy allanar al menos cuatro inmuebles de empresas de transporte de combustibles que fueron atribuidas por una investigación periodística al piquetero kirchnerista Luis D’Elía y ligadas a la contratación de fuel oil con la empresa estatal de energía Enarsa, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Fuentes del caso confirmaron a Infobae que se realizaron hoy cuatro allanamientos con personal de Gendarmería Nacional, uno el domicilio de la compañía Atalaya, que fue la atribuida en un programa de televisión al dirigente; otro en Chenyi, una segunda empresa que era dirigida por un colaborador de ese referente ultrakirchnerista, otros dos en una oficina y en la casa de una mujer del círculo íntimo de D’Elía, Lucía Paione.
En las intervenciones, el personal de la fuerza de seguridad asignada por el juez Ercolini se incautó de documentación comercial y societaria de las empresas, al menos tres equipos informáticos. Uno de los datos clave de los operativos es que, en la vivienda, Paione fue sorprendida justo cuando estaba por salir con dos cajas con documentación que fueron secuestradas por los uniformados.
De acuerdo con las fuentes, no se pudo determinar si la mujer de estrecha confianza de D’Elía supo antes de los allanamientos o fue informada de las otras inspecciones que estuvieron en curso en los barrios de San Telmo, San Cristóbal y Puerto Madero.
La empresa Transportadora de Combustibles Atalaya SRL, de supuestos testaferros de D’Elía, fue beneficiada con la adjudicación del servicio de transporte de combustible a la mitad de las usinas de energía eléctrica. Según denunció en su momento el programa Periodista para Todos a través del testimonio de Mario Codarín y de varios documentos aportados, la empresa facturaba unos 10 millones de pesos al mes gracias a un contrato con Enarsa, que creó el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
Junto a los allanamientos en las empresas ligadas a Luis D’Elía, el juez Ercolini ordenó el retiro de documentación de Enarsa, que había sido solicitado durante el gobierno de Cristina Kirchner y que no había sido cumplido.
Según la orden de allanamiento a la que tuvo acceso Infobae, el objetivo del operativo es “secuestrar toda documentación original (cartas de porte, remitos, solicitud de compra y pedidos, órdenes de pago, facturas, entre otros) que vincule que vincula dichas empresas entre sí y/o con Enarsa para la prestación de servicios”.
La sospecha del juez Ercolini es que hubo contrataciones irregulares entre las empresas de D’Elía y Enarsa, a quien se le libró una orden de prestación para que entregue toda la documentación que la vincule con Transportadora de Combustible del Sur SRL y su continuadora Transportadora de Combustible Atalaya SRL. El representante legal de Enarsa se comprometió a entregar lo solicitado.
Otra de las sospechas del juez es que la empresa Chenyi sería la “madre” que manejaría el contrato central y derivaría parte de los contratos a la firma Atalaya.
