Alejandro Vanoli, ex titular del Banco Central, llegó a las 9:45 a los Tribunales de Comodoro Py –ingresó por una puerta lateral–, para declarar ante el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa denominada “dólar a futuro”, la misma por la que deberá presentarse la ex presidente Cristina Kirchner.
Su paso por el despacho fue rápido. Presentó un escrito y no contestó preguntas. Pero dejó en claro su postura al negar que la operación “no generó un plan bomba contra el gobierno de Mauricio Macri” ni “favoreció a ningún individuo o grupo económico en particular”.
“El BCRA operó con contratos de dólar futuro para enviar señales claras y contundentes de que no planeaba convalidar las expectativas de devaluación a los efectos de promover la estabilidad cambiaria”, justificó Vanoli la operatoria.
Además, expresó que con dicha política “buscó evitar una devaluación, ya que hubiera generado un nivel mayor de inflación deteriorando el salario real de los trabajadores, tal como se evidenció claramente luego del 17 de diciembre de 2015”.
“Las operaciones se concretaron a precio de mercado y se actuó conforme a las previsiones fijadas en la Ley de Presupuesto Nacional aprobada por el Congreso de la Nación”, amplió en el escrito, negando así que se tratara de una maniobra fraudulenta.
El ex presidente del Banco Central está acusado de haber formado parte de una maniobra en la que se vendió divisa a una cotización que generó pérdidas para el fisco calculadas en 77 mil millones de pesos.
Luego de finalizar con la ronda de indagatorias de ex y actuales directivos del BCRA, Bonadio apunta ahora a los funcionarios con decisión política a los que imputó por “defraudación a la administración pública”.
En este causa también fueron citados para el 13 de abril la ex presidente Cristina Kirchner y un día antes el ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof.
El magistrado consideró que la venta de divisa norteamericana entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 “excedía la capacidad de decisión burocrática de sus directivos (y) no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, ya que esta operación financiera carecía de toda razonabilidad económica para los fines del BCRA”.
Bonadio determinó que el Banco Central tuvo “un quebranto por las posiciones vendidas de futuros de dólar” entre diciembre y enero último de siete mil millones y medio de pesos ($7.575.601.698,2) y que “deberá afrontar un pago (teniendo como parámetro el tipo de cambio de referencia al 12/02/16) por las posiciones abiertas de febrero a junio del año en curso en este mismo mercado, de casi 40 mil millones de pesos ($39.879.273.378,00)”.
El eje de la causa que lleva Bonadio es la presunción de que la venta de dólares haya buscado beneficiar a funcionarios o empresas o perjudicar a una futura gestión de Gobierno.
En este marco, la semana pasada el juez desestimó el planteo que formuló el ex director Pedro Biscay a través de sus abogados Alejandro Rúa y Paula Honisch, ante una supuesta falta de imparcialidad. El magistrado rechazó la recusación y elevó el expediente en consulta a la Cámara Federal, tal como se lo impone el Código Procesal, para que sea el tribunal de alzada el encargado de resolver si continuará o no al frente de la causa.
Mientras tanto, en los pasillos de los tribunales se especula con que Bonadio ya tiene definido que apenas termine con la ronda de indagatorias, avance con el procesamiento de la ex mandataria y de los ex funcionarios de su gobierno.