No parece casual que los auditores del FMI, encabezados por Roberto Cardarelli y el director Ejecutivo por la Argentina ante el Fondo, Héctor Torres, comiencen a dar cumplimiento al artículo IV del estatuto del organismo de crédito multilateral, que exige a sus miembros que una vez por año miren las finanzas públicas y la realidad socioeconómica de cada socio, y luego presenten un informe al directorio, hoy presidido por Christine Lagarde. Ocurre luego de que la inflación bajara al rango de poco más de 1% por mes, de la presentación del Presupuesto 2017 con baja del déficit fiscal, la finalización de la Audiencia Pública del Gas, y después de que aparecieran los primeros indicadores con signos de aumento de la actividad productiva y comercial.
Su misión, que se extenderá por 12 días, no sólo se concentrará en reuniones técnicas con funcionarios del Gobierno, comenzando por el secretario de Política Económica, Pedro Lacoste, así como con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger; el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay; y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sino también con economistas de consultoras privadas, e inclusive con líderes sindicales y políticos de la oposición, que resaltarán, en muchos casos, sus críticas al gradualismo de las medidas fiscales y a la política social del Gobierno.
Luego de ese proceso, se espera un informe sobre la evaluación de la fotografía de la economía argentina, con recomendaciones de política económica, las cuales no tienen más valor que eso, es decir sugerencias para avanzar más rápido hacia la plena normalización macroeconómica y la superación del delicado estado del cuadro social, y, probablemente, sugieran que se levante la moción de censura a las estadísticas del Indec.
LOS ARGUMENTOS QUE UTILIZARÁ EL EQUIPO ECONÓMICO
Se sabe que los expertos del Fondo Monetario Internacional tienen un claro sesgo fiscalista que los lleva casi siempre a recomendar a los gobiernos de los países miembros la adopción de más medidas que posibiliten avanzar más rápido hacia niveles de equilibrio fiscal y la estabilidad de precios, aunque toleran transitoriamente un déficit de hasta 3% del PBI -muy inferior al que registró la Argentina en los últimos años e incluso menor al previsto en el Presupuesto para 2017 que comenzará a tratar el Congreso de la Nación-.
Eso lo conocen muy bien los funcionarios de Economía y del BCRA, por eso ya tienen preparado recibir a los técnicos del FMI no sólo con los números ahora confiables de desaceleración de la inflación, y de mejora de la eficiencia en la administración del gasto público, sino también con los que muestran el irrenunciable objetivo del gobierno de Mauricio Macri de profundizar los programas asistenciales a casi un tercio de la sociedad, hasta que la actividad económica, la inversión y el empleo, posibiliten reducir a menos de 6% la tasa de inflación por año y los índices de pobreza se aproximen a cero.
En el Mensaje al Congreso de las pautas del Presupuesto 2017, Alfonso Prat-Gay destacó que “el incremento en las políticas de ingresos tuvo su correlato no sólo en el aumento de su participación en el gasto público total, sino también en la cantidad de beneficiarios. En este año se incrementaron en más de un millón, superando los 18 millones de prestaciones otorgadas entre Asignación Universal por Hijo, las Asignaciones Familiares, los planes Progresar, Argentina Trabaja“, entre otros, los cuales se intensificarán el nuevo año, y se acompañarán con un ambicioso plan de obras de infraestructura y de construcción de viviendas.
Además, destacará el equipo económico que, tras haberse cumplido con el trámite de la Audiencia Pública que exigió un fallo de la Corte Suprema, para poder aplicar un aumento de la tarifa del gas al consumo domiciliario, se podrá avanzar el año próximo con el cronograma de reducción de los subsidios, los cuales hoy explican más de un tercio del déficit fiscal.
Por el contrario, muchos economistas del sector privado darán cuenta de la continuidad de cierta cosmética en las finanzas públicas, para poder mostrar una baja del déficit fiscal base caja, porque se logrará con la asistencia financiera del Banco Central y el giro de utilidades meramente contables, antes de considerar el déficit cuasi fiscal que genera el pago de los intereses de las Lebac, y también con transferencias de utilidades del Fondo de Garantía Recíproca de la Anses.
Por Daniel Sticco
