Se cumple el lunes 16 de enero un año de la detención de Milagro Sala, la jefa de la organización Tupac Amaru que, con fondos públicos enviados de manera directa por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, montó en Jujuy un sistema político, económico y social por fuera del control del Estado provincial y nacional.
Privada del poder que le otorgaban el amparo del gobierno nacional y la inacción del PJ jujeño, Sala enfrenta una complicada situación personal, fortalecida por el apoyo de sectores ultrakirchneristas que resisten a la administración del presidente Mauricio Macri y del gobernador Gerardo Morales.
En este escenario, el Comité por la Liberación de la jefa de la Tupac Amaru realizará una conferencia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires y una olla popular en Jujuy, a las 11, en la sede porteña de esa organización, en San José y México, de la Capital Federal, en tanto frente al Penal de Mujeres número 3, ubicado en el barrio jujeño de Alto Comedero, donde se encuentra alojada Sala, se realizará una olla popular.
Milagro Sala fue condenada a pagar una multa de $ 3780 por haber ocupado el espacio público alterado el orden y obstaculizado el tránsito durante el acampe de 51 días en Plaza Belgrano de Jujuy. (Gerardo DellOro/Enviado Especial)
En Buenos Aires estarán Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores; y Roberto Baradel, titular del Suteba.
Sala afronta diversos procesos ante la Justicia jujeña y ya recibió dos condenas, una penal, de tres años de prisión en suspenso, por daños durante un escrache realizado en 2009 contra dirigentes radicales, entre ellos el hoy gobernador Morales.
En otra, la Justicia contravencional la halló culpable del campamento piquetero realizado entre diciembre de 2015 y enero de 2016 frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, por el cual se le impuso la prohibición de participar en organizaciones durante tres años y tres meses, más una multa de 3.780 pesos.
Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 en su casa de la capital jujeña tras un allanamiento a la vivienda, imputada por “instigación al delito y tumultos”, luego de haber encabezado un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy a principios de diciembre de 2015, en rechazo al reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas que planteó el nuevo gobierno del radical Gerardo Morales.
Milagro Sala fue condenada a pagar una multa de $ 3780 por haber ocupado el espacio público alterado el orden y obstaculizado el tránsito durante el acampe de 51 días en Plaza Belgrano de Jujuy. (Gerardo DellOro/Enviado Especial)
Luego, la Justicia mantuvo la prisión preventiva por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, por el presunto desvío de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas.
Por su parte, organismos internacionales, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA), reclamaron la liberación inmediata de Sala, al considerarla una “presa política”. Pero el gobierno de Mauricio Macri y el de Morales niegan esta situación y afirman que se trata de una decisión judicial en la que no tienen injerencia.
En ese sentido, la canciller Susana Malcorra llamó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para expresarle su “malestar” personal por la publicación en Twitter de la carta que le mandó a Sala.
En la misiva, Almagro le expresó a Sala que compartía la “preocupación” por su situación y pidió su “inmediata liberación”, además de explicar que fundamentó la nota en las impresiones que le transmitieron los organismos de derechos humanos.
En ese marco, Malcorra afirmó que el gobierno nacional “es interlocutor” de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el planteo realizado a raíz de la detención de la dirigente social Milagro Sala, pero advirtió que “el tema está en la justicia de Jujuy”.
En Jujuy, el despoder de Sala
Pedro Zabala es peón de un taxi en la congestionada capital provincial. El año pasado trabajaba 9 horas para juntar $500 diarios y vivía bien, dice. Este año sigue juntando $500 por jornada y no le rinden igual, pero sobre todo extraña cuando la gente de la Tupac estaba activa.
“Entregaban los bolsones de comida en los barrios con los taxis, así que cuando terminaba el día sumaba esa changuita”, recuerda.
La declinación del poder de Tupac Amaru, una organización a la que el actual gobernador, el radical Gerardo Morales, define como “una verdadera máquina paraestatal” en el manejo de los recursos y poder, se nota también en El Cantri, el barrio de viviendas dominado por Sala donde estaban la mayoría de sus emprendimientos.
La fábrica metalúrgica y la de bloques para construcción dejaron de funcionar, y sólo persiste la textil, aunque muy reducida. Los puestos sanitarios y las escuelas de la organización quedaron bajo el manejo de la provincia, o en algunos casos de los propios empleados que formaron cooperativas, y los lugares de esparcimiento, como el centro cultural y las piletas, ya no funcionan.
El mes pasado, la calma del barrio se vio alterada con la visita del gobernador Morales entregando escrituras. “Ahora la casa es de ustedes y ya nadie se las puede quitar, no importa cómo piensen”, dijo Morales en su discurso.
El encargado de llevar adelante el plan de escrituras es su hermano, Walter Morales, presidente del Instituto de la Vivienda de la provincia. Ya se completaron 600 trámites pero hubo demoras.
“Tenemos casas que estuvieron ocupadas tres veces, porque Sala sacaba a la gente si no cooperaban con ella, entonces todos piensan que son los legítimos dueños, desde el primero que la recibió hasta el último que la tenía”, señaló Walter Morales a Télam.
La caída de la Tupac Amaru
Hoy la Tupac Amaru no construye casas como antes, pero algunas de sus cooperativas socias siguen adelante. Hasta ahora sólo la mitad de las más de 250 cooperativas preexistentes pasó los requisitos de blanqueo y bancarización que el nuevo gobierno les exige. Una de las que sigue trabajando es la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy (ODIJ) ex aliados de Sala.
En la Navidad del año pasado, José Luis Bejarano, titular de ODIJ, abandonó el acampe contra Morales organizado por Sala, su aliada por 8 años. “Ella me dijo que iba a resistir porque no entregaba la dignidad de su gente, pero yo le contesté que a ella no le importaba la dignidad, sino no perder su poder”. Bejarano denunció en la Justicia que esa noche le apuntaron a su hija con un revólver y la enviaron con una amenaza de muerte para él, por “traidor”. “Yo no digo que todo lo que ella hizo está mal, pero su método era la violencia”, se distanció.
Según datos oficiales de la provincia, Jujuy tiene 700.000 habitantes, pero solamente 55.000 trabajan en la actividad privada. Hay 85.000 que son empleados del Estado, y 100.000 que reciben algún tipo de asistencia social. “Es un modelo agotado que sólo se puede cambiar con producción”, repite el gobernador.
Más allá de números, para los seguidores de Sala y otros que subsistían gracias a los recursos de la organización, el Estado todavía no ocupó el lugar de actor económico y social que tenía la Tupac Amaru, y reclaman por eso.
Los pedidos de ayuda
Karina Martínez vive con su marido y sus hijos en un barrio de la Tupac en Ciudad Nueva, en Perico, a 30 kilómetros de la capital. Trabajaba en un puesto sanitario de esa organización (cobraba $4.500 por media jornada) pero se quedó sin trabajo. Su marido es empleado municipal, pero los $10.000 de sueldo ya no duran hasta fin de mes. “Estamos mucho peor que hace un año, ahora muchos de los que construían casas para la Tupac buscan changas, muy pocos consiguieron trabajo”, afirma.
Para otros sectores, en cambio, el giro fue positivo. Uno de ellos es Jorge Flores, que denunció que cuando abandonó a Sala para irse con el líder piquetero Perro Santillán recibo persecuciones y amenazas, hasta que un día integrantes de la Tupac Amaru lo esperaron en las propias oficinas del Ministerio de Desarrollo Social provincial. Según relató en la Justicia, Sala entró a buscarlo con la Policía, lo metieron preso y al otro día se enteró que le había abierto una causa por robo a mano armada. “Yo no tenía voz ni voto, me podían hacer lo que ellos querían; ahora no hay más impunidad y la Justicia puede trabajar”, sostuvo.
