Abuelas de Plaza de Mayo celebró este miércoles la recuperación del nieto 120. Se trata de José Luis Maulín Pratto, quien aunque conoce su identidad desde el año 2009 la Justicia Federal de Santa Fe aún no le restituyó su verdadera filiación ni su nombre.
José Luis nación el 26 de marzo de 1977 en un sanatorio de Reconquista que Cecilia Góngora inscribió en el Registro Civil como hijo propio y de su ya fallecido marido, Luis Angel Segretín.
Góngora y la doctora Elsa Nasatsky, quien firmó el certificado falso, están siendo juzgadas desde la semana pasada por la apropiación. El tercer acusado era un comodoro de la Fuerza Aérea, Danilo Sambuelli, jefe del centro clandestino que operó en la III Brigada de Reconquista, pero falleció en diciembre de 2014 mientras cumplía una condena a 21 años por secuestros y torturas a trece militantes políticos, entre ellos Maulin y Juan Carlos Pratto (hermano mayor de Luisa) y “violación agravada” a Griselda Pratto (la hermana menor, que entonces tenía 16 años).
En 2009 José Luis descubrió gracias a un análisis genético que sus padres biológicos son Rubén Maulín y Luisa Pratto, una pareja que logró sobrevivir al terrorismo de Estado. Desde entonces José Luis busca una sentencia que le devuelva la identidad y le permita cambiar –a él y a sus hijos–, el apellido Segretín por Maulín Pratto.
Según informó Página/12 días atrás, “el fiscal Martín Suárez Faisal ubicó el caso en la trama del terrorismo de Estado y del ‘plan sistemático de apropiación de niños y niñas’ de la dictadura. ‘Los niños robados como botín de guerra fueron inscriptos como hijos propios’ de los apropiadores. ‘De esa manera –precisó– los hicieron desaparecer’,’ anularon su identidad’ y los privaron de ‘vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad’”.
La persecución a la familia comenzó cuando el grupo de tareas que comandaba Sambuelli y operaba en la III Brigada Aérea secuestró a Rubén Maulin, a su hermana Alcira, a la madre de ambos, Elena Ana Soechding; a una compañera de los tres, la psicóloga Mónica Martínez y al mayor de los Pratto, Juan Carlos.
Al día siguiente, la patota se instaló en la casa de Luisa, a la que convirtió en infierno y a ella, y a sus hijos, en rehenes del enemigo. El martirio de abusos –incluso delante de los niños– se prolongó por meses.
En febrero de 1977 la banda volvió a la casa de Luisa, y esta vez se llevó a la hermana menor, Griselda, de 16 años, quien había llegado desde Buenos Aires para ayudarla con sus dos chiquitos y el embarazo. En el traslado, Griselda pudo reconocer a otro de sus hermanos, Ricardo, quien también había caído. En cuatro meses, secuestraron a siete integrantes del grupo familiar: los dos hermanos Maulin y a su madre, a Martínez, y a los dos hermanos Pratto, mientras Luisa era quebrada por la patota. Rubén estuvo preso hasta 1982.
José Luis nació el 26 de marzo de 1977. Nasatky atendió el parto y extendió el “certificado de nacido vivo” como hijo de Góngora y Segretín. Hasta ese día, Griselda Pratto sufrió las peores torturas en el chupadero de la III Brigada Aérea, donde cumplió los 17 convertida en esclava sexual. Sambuelli la dejó libre, pero le dijo que no fuera a su casa sino al Sanatorio Reconquista, donde había nacido su sobrino y le dio las monedas para el micro. Cuando ofreció su testimonio en el juicio que condenó a la banda de represores, en 2013, dijo que Sambuelli le había dicho que él tenía el poder para hacer con ella lo que quisiera.
Griselda llegó al sanatorio, donde Luisa le dijo que “si no entregaba el bebé, la mataban”. La fiscalía sostiene que el secuestro del niño se produjo en esa trama de “detenciones ilegales”, por lo tanto, la calificación de “delitos de lesa humanidad” también debe extenderse “al caso concreto del menor sustraído” del seno de su grupo familiar.
Este juicio que comenzó la semana pasada es un desglose del que se realizó en 2013, en el mismo Tribunal Oral de Santa Fe. La sentencia fue histórica porque era la primera en la provincia y la segunda en el país que juzgaban las “violaciones” en el terrorismo de Estado como delitos de lesa humanidad.
Sambuelli fue condenado a 21 años de cárcel –entre otros cargos– por “violaciones agravadas” a Griselda Pratto y cuatro integrantes de su patota: los ex policías Carlos Nickish, Arnando Neumann, Horacio Machuca, Rubén Molina a penas de 10 a 18 años de prisión por secuestros, torturas y “violaciones agravadas” a Luisa Pratto. Nickish y Machuca siguen presos, Neumann murió en octubre de 2014 y Molina está libre desde octubre de 2015, cuando le concedieron la excarcelación.
