En una carta firmada por Estela de Carlotto, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo manifestó su preocupación por el requisito de cinco años de antigüedad como fiscal para ocupar Procuradurías o Unidades Especializadas, que se incluyó en el proyecto que modifica la Ley de Ministerio Público que rige la actividad de los fiscales nacionales.
Carlotto le envió una carta a la diputada radical jujeña María Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja en la que le hizo saber su desacuerdo con la inclusión de ese requisito (que no estaba en el proyecto de ley que envió el Poder ejecutivo al Congreso) que terminaría con la gestión del fiscal general Pablo Parenti al frente de la “Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”.
Abuelas pidió hace unos años la puesta en funcionamiento de una Unidad especial para la búsqueda de hijos de desaparecidos. La Unidad se creó como parte de un “Acuerdo de Solución Amistosa” firmado entre Abuelas y el Estado nacional con la homologación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta Unidad, creada por resolución de la Procuración General, fue ratificada por la última versión de la Ley de Ministerio Público que ahora se pretende modificar.
La “preocupación e incertidumbre” de Abuelas se plantea respecto de Parenti, quien está al frente de la Unidad desde 2012 cuando fue puesto allí como fiscal ad hoc. Fue designado hace dos años como fiscal general con acuerdo del Senado, y desde 2006, cuando fue convocado por el primer procurador del gobierno kirchnerista Esteban Righi, se dedica en el Ministerio Público a casos de lesa humanidad.
“En consecuencia -dice la carta de Abuelas- nos vemos en la obligación de resaltar que desde la puesta en marcha de la Unidad en cuestión se obtuvo una mejora sustantiva en la investigación judicial de la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, tanto en lo relativo a la prolongación temporal de las investigaciones como en la cantidad de casos resueltos por el sistema judicial en su conjunto. Asimismo, se obtuvieron y sistematizaron distintos documentos esenciales para esas investigaciones -como actas de nacimiento, libros de partos o legajos, entre otros- lo que ha incidido incluso en restitución de identidad a personas apropiadas durante el terrorismo de Estado -tal el caso de Maximiliano Menna, quien recuperó su identidad el 3 de octubre pasado-“.
Las Abuelas proponen que el Congreso evalúe a Parenti por lo hecho en la Unidad y que no lo aleje de su cargo tan solo porque no cumple con el requisito de antigüedad que se pretende incluir en la modificación de la Ley.
