Acorralada por un escándalo de corrupción y en medio de las investigaciones que tienen en jaque a los funcionarios del kirchnerismo, la procuradora Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia con efectos a partir del 31 de diciembre de 2017.
Con la salida de la polémica funcionaria que fue propuesta por Cristina Kirchner en 2012, se abrió un período de debate en el Gobierno por el nombramiento de su sucesor. En la línea de partida aparecen nombres prestigiosos que hoy ocupan cargos en diversos estamentos del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial.
Ricardo Sáenz
Desde 1993 se desempeña como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Desde ese lugar le tocó intervenir en varias causas sensibles. Por ejemplo, fue el primer funcionario judicial en calificar la muerte violenta de Alberto Nisman como un homicidio y de solicitar su pase al fuero federal, como finalmente sucedió. Sus sospechas fueron ratificadas recientemente por un informe interdisciplinario encabezado por Gendarmería.
Se desempeña además como vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, organismo que lo tuvo como máxima autoridad entre 2005 y 2010. En ese rol asumió una velada defensa de las instituciones y cuestionó las irregularidades en la gestión de Gils Carbó.
En su curriculum se destaca su participación en las comisiones redactoras de proyectos de ley en materia de delitos informáticos, una de sus especialidades. Además, tiene una amplia experiencia en el ámbito académico. Actualmente es profesor titular de derecho penal en el posgrado de derecho de la Alta Tecnología de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Guillermo Marijuan
Ingresó al Poder Judicial hace tres décadas, como meritorio en el Juzgado Federal N°4, a cargo de Amelia Berraz de Vidal. Desde allí forjó una carrera envidiable en la que trabajó con varios camaristas de renombre.
En 1993 fue nombrado fiscal federal, cargo que ocupa actualmente. Allí se colgó varias medallas en expedientes contra funcionarios acusados de delitos de corrupción. Por ejemplo, impulsó la investigación contra la ex ministra de Economía Felisa Miceli, quien finalmente fue condenada en juicio oral y público por la bolsa con dinero que le encontraron en el baño de su despacho.
Tuvo un rol trascendental en el proceso donde el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, admitió haber recibido dádivas de los empresarios que debía controlar. Interviene además en la causa por la “ruta del dinero K”, donde hay cinco personas detenidas -entre ellos el empresario Lázaro Báez- y en donde se espera que el juez Sebastián Cassanello responda un pedido de indagatoria de la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner.
Como titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), un organismo creado por el ex presidente Eduardo Duhalde, consiguió que se dieran de baja más de 50 mil planes sociales que se habían otorgado irregularmente.
Marijuan es el fiscal que pidió la indagatoria de Guillermo Moreno en la causa “casco o guantes”, envió a juicio oral a la ex funcionaria kirchnerista Romina Picolotti y al ex vicepresidente Amado Boudou por el auto con papeles truchos, y fue uno de los organizadores de la histórica y multitudinaria movilización para exigir justicia por la muerte de Nisman.
No tuvo reparos en enfrentarse con su jefes. En 2013 pidió la indagatoria de Gils Carbó por la designación irregular de Carlos Gonella al frente de la Procelac. Y en 2001 impulsó la investigación por las jubilaciones truchas en La Rioja, que involucró a al ex procurador Ángel Agüero Iturbe.
Raul Pleé
Hace 25 años que es fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Antes de llegar a ese cargo, ocupó otros puestos relevantes en el Poder Judicial: fue secretario de un juzgado de instrucción criminal de Capital Federal, juez penal Económico, y fiscal ante la Cámara Federal de San Martín.
Durante diez años ocupó la Unidad Fiscal contra lavado de dinero. Fue desplazado en 2012 por Gils Carbó por un integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, Carlos Gonella.
Intervino en varias causas emblemáticas como la del soldado Omar Carrasco -asesinado en 1994 mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en Zapala-, en el juicio contra Jorge “Tigre” Acosta y otros represores por los hechos sucedidos en la ESMA, en el caso Cromañón y en la tragedia de Once.
Como fiscal ante la Cámara de Casación fue trascendental su rol sosteniendo la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán, hoy investigado en la Justicia federal como un supuesto elemento que probaría un intento por encubrir el atentado a la AMIA.
Integró además una comisión asesora en seguridad deportiva en el Club Atlético Boca Juniors, institución donde se destacó como dirigente el presidente Mauricio Macri.
Gustavo Hornos
Es presidente de la sala IV de la Cámara de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país antes de la Corte Suprema. Ingresó a la Justicia hace 40 años. En Comodoro Py es destacado por su perfil independiente -nunca se alineó políticamente con ningún partido- y por su vasta trayectoria.
Bajo su órbita pasaron causas complejas contra el narcotráfico internacional. De hecho, como fiscal fue uno de los primeros funcionarios judiciales en trabajar con organismos extranjeros como la DEA norteamericana.
Impulsó juicios políticos a magistrados civiles que estafaron al Estado, entre ellos el magistrado Alberto Nicosia. Y en 1992 denunció al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, condenado en 2009 a cinco años de prisión.
Como magistrado condenó a tres jueces federales: Hernán Bernasconi, Francisco Trovato y Carlos Wove. Y con su voto participó en sentencias históricas como la condena contra los directivos de LAPA y el caso Cromañón.
Además, fue uno de los firmantes de la resolución que reabrió la causa por la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner y otros ex funcionarios acusados de encubrir el atentado a la AMIA.
En 2013, Gustavo Hornos fue elegido en una votación secreta como presidente de la junta de presidentes de Cámara, propuesto por las Cámaras federales de Buenos Aires, Rosario y la Cámara Electoral.
José María Campagnoli
Se desempeña como fiscal desde 1993. En 2013, fue víctima de una persecución de su jefa, Gils Carbó, por una investigación que abrió contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Durante ese proceso, fue suspendido y enjuiciado por un jury. Finalmente, tras una fuerte reacción popular, fue repuesto en su cargo.
La diputada nacional Elisa Carrió propuso públicamente su nombre como futuro procurador general de la Nación. Además, hay una solicitud de firmas abierta en el sitio Change.org.
Tuvo a su cargo varias investigaciones sobre trata y prostitución de menores, que terminaron con la detención de Gabriel Conde, dueño de Shampoo antes de que se fugara a México. Además formó parte de un grupo de fiscales denominados “Los Centauros”.
En 1998, promovió el enjuiciamiento del ex presidente del Concejo Deliberante porteño, José Manuel Pico, quien luego fuera condenado a catorce años de prisión por enriquecimiento ilícito.
En 2007, investigó la muerte de Gonzalo Acro y Gonzalo Saucedo a manos de barras de River Plate que terminaron preso. También tuvo la causa conocida como “la batalla de los quinchos”, en la que se enfrentaron facciones de la barrabrava de River.
Recientemente tuvo una intervención clave en la causa judicial contra el primer jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar, quien se encuentra detenido por liderar una banda de efectivos que se cree que cobraba coimas y extorsionaba a comerciantes.
Alberto García Lema
Alberto García Lema es un histórico abogado vinculado al PJ y uno de los artífices de la reforma constitucional de 1994. Lema se desempeñó además entre 1974 y 1976 como secretario letrado de la Procuración General de la Nación, fue procurador del Tesoro de la Nación durante la primera presidencia de Carlos Menem y conjuez de la Corte Suprema de Justicia.
Además se desempeñó como Asesor de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (1984/87); Subsecretario de Asuntos Legislativos de la Provincia de Buenos Aires (1987/89); Asesor de Gabinete del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (1989/91).
Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1968, comenzó a dar clases de Derecho Constitucional en esa misma casa de altos estudios en el año 1973. Ha sido profesor del Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador y en carreras de Post-grado de la Universidad de Belgrano (1980,1986-87).
Julio Conte Grand
Es el actual procurador general de la Suprema Corte de la Provincia. Reemplazó a María del Carmen Falbo tras su renuncia. Su nombre es impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal, quien lo considera uno de sus principales aliados en la lucha contra las mafias que estaban enquistadas en la Policía Bonaerense.
Antes de asumir en ese cargo, ocupó la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación y fue procurador porteño durante gestión de Mauricio Macri en la Capital Federal.
En sus comienzos políticos, estuvo vinculado al menemismo y al ex intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos Grosso, quien también tiene lazos con el presidente Macri.
Su curriculum exhibe un promedio general de 9,50 como egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y una extensa trayectoria ligada a la Ciudad.
