A pesar del pesimismo oficial de cara al calendario parlamentario, atravesado por las elecciones de medio término, el Gobierno planea enviar entre marzo y abril el proyecto de modificación de la ley de financiamiento y campañas. “La idea es mandarlo pronto, podría ingresar en marzo”, aseguraron desde el entorno de Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, uno de los que trabaja en el texto junto a la diputada Silvia Lospennato y a José Torello, el apoderado del PRO y asesor presidencial que ayer por la tarde prestó sus oficinas para tratar el proyecto y otras cuestiones vinculadas a la logística de los comicios.
Si bien la caída en el Senado de la reforma política empantanó la discusión por el financiamiento político, el Gobierno planea enviar las modificaciones al régimen actual a pesar de que pronostica que el debate recién tendría sentido hacia la campaña del 2019.
El texto, que según fuentes oficiales fue consensuado con técnicos de diversas organizaciones no gubernamentales y con el resto de los partidos políticos, contiene diez puntos principales a los que tuvo acceso Infobae: bancarización de gastos y aportes, habilitación de aportes a empresas, registro de aportes y gastos en tiempo real, registro de proveedores de bienes y servicios, sinceramiento del periodo de campañas, plazos para diferentes tipos de publicidad electoral, controladores de actividades de campaña, coordinación en materia de auditoría financiera, actos de gobierno y publicidad oficial y uso partidista de fondos públicos.
En ese sentido, entre las modificaciones propuestas figuran las de realizar todos los aportes y gastos por transferencia, cheque y tarjeta, y dejar para el efectivo las sumas menores; la habilitación para el aporte de personas jurídicas “con topes estrictos” -la ley actual prohíbe la donación de empresas-; un sistema a cargo de la Cámara Nacional Electoral para informar online los gastos y donaciones; la fijación de un período de 50 días de campaña para las PASO y las generales, y el suministro de información de organismos como la UIF, la AFIP, la OA o la PROCELAC a la Justicia Electoral en materia de financiamiento.
El texto prevé, en tanto, la prohibición de la realización de actos de gobierno 30 días antes de las elecciones y la no inclusión de nombres, voces o imágenes de candidatos en la publicidad oficial, dos modificaciones que ya constan en la media sanción del proyecto de reforma electoral de la Cámara baja. Se incorporan además “sanciones a funcionarios que coaccionen a subordinados para votar o participar en campaña, a los que condicionen la prestación de un servicio a la adhesión política y a los que utilicen fondos a su cargo para campaña”.
Este medio había anticipado en los últimos días que el Gobierno había decidido descentralizar el financiamiento de la elección en cada distrito. En parte por el desembarco del macrismo en la provincia de Buenos Aires y en diversas provincias gobernadas ahora por dirigentes aliados. Y por la dificultad del PRO de conseguir un administrador que se encargue de dicha logística.
Por Federico Mayol
